En una sociedad democrática y en plena era de las comunicaciones, nos cuesta distinguir los límites de la libertad de expresión y el derecho al honor. Caso similar sucede con la libertad de prensa, siendo compleja igualmente la distinción de los límites de la libertad de prensa y el derecho al honor. En la actualidad, esos límites vienen marcados por las interpretaciones realizadas por nuestra Justicia.  

En primer lugar, la libertad de prensa se trata de un derecho como parte integrante del Derecho a la Libertad de Expresión. El derecho de información consagra un derecho doble; por un lado, el derecho a comunicar la información, y por otro, el derecho a recibirla de manera libre, en la medida en que la información sea veraz. El objeto de este derecho es el conjunto de hechos que puedan considerarse como noticiables y alcanza su máxima expresión cuando se refiere a asuntos que son de interés general, por las materias a que se refieren y por las personas que en ellos intervienen, y contribuyan, en consecuencia, a la formación de la opinión pública.

Por otra parte, la libertad de expresión tiene un campo de acción más amplio que la libertad de información, ya que no comprende la narración de hechos, sino la emisión de juicios, creencias, pensamientos y opiniones de carácter personal y subjetivo.

Ahora bien, tanto el ejercicio de los derechos de información como de libertad de expresión, en la medida en que los hechos sobre los que se informe u opine afecten a personas, tanto físicas como jurídicas, puede producirse un conflicto con el derecho al honor de los implicados.  ¡ESA ES LA CUESTIÓN! ¿DÓNDE SE ENCUENTRA EL LÍMITE? Máxime sabiendo que tanto el derecho a la información, derecho a la libertad de expresión así como el derecho al honor son, todos ellos, derechos fundamentales.

El derecho al honor, es un concepto jurídico que queda delimitado conforme a las normas, valores e ideas sociales vigentes en cada momento. Conforme la interpretación realizada por los Tribunales, ampara la buena reputación de una persona, protegiéndola frente a expresiones o mensajes que la hagan desmerecer en la consideración ajena al ir en su descrédito o menosprecio.

En caso de conflicto entre los citados derechos, debe aplicarse su resolución técnica de ponderación constitucional, teniendo en cuenta las circunstancias del caso, pero sin perder de vista el papel estratégico que juega el derecho a la información y a la libertad de expresión como garantes de la formación de una opinión pública libre. En este sentido, en caso de conflicto, el primer elemento que debe valorarse es el interés general de la información o la relevancia pública de las personas implicadas. La «proyección pública» se reconoce en general por razones diversas: por la actividad política, por la profesión, por la relación con un importante suceso, por la trascendencia económica y por la relación social, entre otras circunstancias.

Cuando la información comporta la transmisión de noticias que redundan en descrédito de la persona, para que pueda prevalecer sobre el derecho al honor exige que la información cumpla el requisito de la veracidad. En cualquier caso, la transmisión de la noticia o reportaje no puede sobrepasar el fin informativo que se pretende dándole un matiz injurioso, denigrante o desproporcionado, ya que la libertad de expresión no ampara en ningún caso el derecho al insulto. Se exceptúa de lo anterior el lenguaje utilizado en ocasiones para la información, ya que es preciso señalar que la jurisprudencia estima amparadas en la libertad de expresión aquellas expresiones que, aun aisladamente ofensivas, al ser puestas en relación con la información que se pretende comunicar o con la situación política o social en que tiene lugar la crítica experimentan una disminución de su significación ofensiva.

En el artículo publicado en nuestro segundo ejemplar de la revista gmempresarial denominado “En tiempo de crisis” – El procedimiento Monitorio, veníamos a relatar una forma sencilla y económica que tienen las empresas de reclamar deudas sin necesidad de abogado ni procurador.

Recientemente, desde el 14 de abril de 2011 se ha producido una importante modificación para este tipo de procedimientos, la cual, supondrá un importante cambio en la forma de pensar para las grandes empresas, y concretamente en la forma de afrontar su alta tasa de morosidad.

Desde la citada fecha, ha entrado en vigor la implantación de la tasa judicial en los procesos monitorios, de las que igualmente estarán exentas particulares y pequeñas empresas, pero para las grandes empresas, la situación cambia sustancialmente, ya que aquellas que quieran reclamar una deuda utilizando el citado proceso, tendrán que hacer frente a un coste fijo de 90 euros, más el 0’5% del importe reclamado, y, si como es habitual, actúan por medio de representación procesal, a los derechos y suplidos del procurador que lo represente.

El objetivo de esta reforma no es otro que reducir de manera sustancial el colapso de los Juzgados, de los cuales, dado su carácter gratuito, gran parte de los procedimientos tramitados son procedimientos monitorios.

De esta manera, se prevé que las grandes empresas, las cuales, iniciaban procedimientos de reclamación sin estudio de la deuda, antes de iniciar una reclamación por impago, tendrán que valorar el gasto invertido con una mínima garantía de éxito.  

Todo abogado, fiscal o juez, conscientes del mundo jurídico en el que viven, diariamente se encuentran obligados a tomar decisiones a sabiendas que, en ocasiones, la ética y la ley no tienen por qué opinar lo mismo.

Quiero exponer un caso claramente ético, y que, sin embargo, la ley puede no darte la razón. Concretamente nos encontramos ante una familia aparentemente normal, por ejemplo, un matrimonio y tres hijos, ambos cónyuges trabajadores y los hijos cursando sus estudios.

El problema se encuentra, y seguro que es compartido por muchas familias, cuando el padre/madre de uno de los cónyuges es diagnosticado con una enfermedad terminal (cáncer, alzheimer, etc). Hasta ahora la gestión del matrimonio se había realizado sin ningún problema, es decir, una vida dedicada al trabajo, niños, vacaciones, etc. Sin embargo, como consecuencia de la lamentable noticia recibida, todo cambia. ¿Qué hacemos con nuestro familiar terminal? ¿Quien se encarga de su cuidado?

Ante esta disyuntiva, las posibles opciones serían, bien, una residencia, o bien, dado su carácter terminal y quizá, sus pocas semanas o meses de vida, tener al familiar en el domicilio conyugal.

Lógicamente en el caso que toda la familia se encuentre de acuerdo con la primera opción, nada habría que resolver. Sin embargo, el problema se crea cuando el cónyuge menos agraviado, es decir, cuando el familiar político no apoya la decisión de acoger al familiar terminal, dado que, evidentemente dicho acogimiento repercutiría negativamente en su vida familiar, toda vez que existen menores en la casa, desajustes laborales, etc, y al fin y al cabo, sería una vida familiar difícil de conciliar. Y por el contrario, el cónyuge agraviado, en el afán de ayudar y devolver todo el cariño recibido de su padre o madre, moralmente obligado, se opone a la idea de ver a su familiar en una residencia, queriendo tener a su padre en casa para poder ayudarlo.

Tal y como he manifestado, se trata de un asunto completamente ético con cierto aliciente económico, pero básicamente ético. Y por ello, ante la discrepancia de los cónyuges ¿Cómo se pronuncia nuestra justicia? Pues bien, primeramente habría que ver la viabilidad de poder atender al familiar en casa, en este sentido, hay que determinar el tipo de enfermedad diagnosticada y su tratamiento. Por otra parte, también sería necesario determinar las características de la casa, así como su distribución, con el fin de garantizar igualmente las necesidades y desarrollo de los menores.

Determinada la viabilidad anterior en términos de habitabilidad, el siguiente paso a dilucidar sería saber la decisión del resto de familiares, ya que uno de los hijos se ha pronunciado, pero falta por saber la opinión, por ejemplo, de los nietos como futuros convivientes, así como la opinión del resto de familiares del familiar terminal. Por ello, tras una votación con sistema de mayoría simple, se resolverá el nombramiento de un tutor de facto (previo al tutor jurídico), determinándose si dicho tutor es la residencia, o bien, el familiar que quiere hacerse cargo de su cuidado.   

En conclusión, y en respuesta a la pregunta formulada ¿ética o ley?, creo que la ética es nula frente a la ley, y de hecho, solo sirve para casos donde solo intervenga una única voluntad, ya que en el caso de voluntades compartidas, tal y como resulta el presente caso, la ética, sea cual sea su origien y la causa defendida, siempre queda supeditada a la ley.